La Dra. Aída Mendoza Navarro, en su obra Transparencia Vs. Corrupción. Los archivos: políticas para su protección, indica que, las autoridades de mayor nivel son quienes tienen la responsabilidad de establecer políticas de acceso y protección a la documentación producto de la gestión pública, a fin de combatir de forma efectiva el flagelo de la corrupción.
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Y hoy, en el marco de la lucha contra este mal, podemos decir que nuestros congresistas se hicieron "una buena" puesto que, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por mayoría, un proyecto de ley para permitirle al Sistema Nacional de Control el acceso irrestricto a toda la documentación que obra en poder de las instituciones públicas referida a los convenios de encargo suscritos con organismos internacionales, tales como: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
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Y hoy, en el marco de la lucha contra este mal, podemos decir que nuestros congresistas se hicieron "una buena" puesto que, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por mayoría, un proyecto de ley para permitirle al Sistema Nacional de Control el acceso irrestricto a toda la documentación que obra en poder de las instituciones públicas referida a los convenios de encargo suscritos con organismos internacionales, tales como: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
De esa forma, los funcionarios públicos que suscriban estos convenios deberán negociar una cláusula adicional que establezca que los entes internacionales informen sobre los actos ejecutados. Asimismo, la entidad pública que suscriba los convenios será responsable de conservar en sus archivos, copia de toda la documentación pertinente.
Según El Comercio, en la práctica, la norma –pendiente de aprobación por el Pleno– pondrá fin a la falta de transparencia de algunas entidades que, como la Municipalidad de Lima, ESSALUD, el gobierno regional de Ancash, varios ministerios y municipios distritales, se han negado a dar información financiera amparándose en la inmunidad de los órganos internacionales a los que encargaron la ejecución de las obras. En otras palabras, la Contraloría no tiene pleno acceso a la documentación relacionada a los recursos transferidos, por lo tanto se desconoce cuántos convenios existen a la fecha y los montos transferidos.
Las cifras hablan por sí solas. Según Perú21, el monto contratado a nivel nacional bajo esa modalidad asciende a S/.5.000 mil millones. De esa cifra, el diario pudo documentar solo S/.2.498 millones. "Las matemáticas son suyas".
Finalmente, aquí el Proyecto de Ley de la Contraloría.
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